Vocabulario. Lobby.

Lobby. Un lobby es un grupo de personas o persona, especializado en presionar y/o informar a los políticos (locales, regionales, estatales y supraestatales) para influir en sus decisiones. El lobby, término anglosajón que significa pasillo, designa las actividades que tienen como objeto influir en la política y los procesos de tomas de decisiones. Suelen estar financiados por empresas, oenegés, asociaciones…, aunque los más poderosos son los de las grandes industrias multinacionales y los grandes grupos financieros (las diez empresas que más gastan en presionar a las autoridades en Bruselas emplean al año casi 40 millones de euros). En el siglo XVII en las estancias aledañas a la Cámara de los Comunes británica, especialmente en el vestíbulo (lobby en inglés), los parlamentarios se reunían con empresarios, nobles o miembros de asociaciones, de los que recibían `consejo´. El político, bajo la enorme influencia de estos grupos (grupos de presión o interés), tomaba en consideración sus `aportaciones´ a la hora de, por ejemplo, proponer una enmienda concreta. Con el tiempo estos encuentros se realizaron fuera del Parlamento (restaurantes, hoteles, espacios privados), aunque con el mismo objetivo: influir en las altas esferas para lograr una legislación favorable a sus intereses. Sin embargo, incorporaron un código ético y pasaron a estar regulados, no en todos los países.

En los últimos años, estas corporaciones a través de sus lobbies sectoriales han influido crecientemente en la toma de decisiones en todos los ámbitos políticos. En Bruselas, por ejemplo, hay más de 500 grupos de presión, principalmente industriales y financieros, que emplean un `ejercito´ de lobbistas superior a los 20.000, 30.000 según algunas fuentes. Estas magnitudes responden a la enorme importancia de la UE como legisladora, donde se decide sobre asuntos que afectan enormemente al día a día de muchas empresas. Su trabajo es muy sencillo, según palabras de Emily O´Reilly, Defensora del Pueblo de la UE: «intentan influir en los legisladores para que hagan, o dejen de hacer cosas que afectan a los intereses de la gente que les paga… Es fundamental comprender las consecuencias que el lobby opaco tiene en el mundo real. La Ley europea que ahora regula los productos tabaqueros, por ejemplo, fue uno de los proyectos de ley que más se han visto influidos por los grupos de presión. Es más débil que el proyecto original, debido en buena medida a la pericia de los lobbystas. Sin embargo, el hecho de que tantas medidas cruciales se plasmasen finalmente en la directiva demuestra que los legisladores y la sociedad civil son cada vez más conscientes de la influencia y las tácticas de los grupos de presión… Debo reconocer el alto nivel de exigencia de las instituciones europeas a la hora de tomar decisiones abiertas y éticas, pues a menudo ponen el listón más alto que muchos Estados miembros. La Comisión actual, presidida por Juncker, ha hecho un buen trabajo en las cuestiones de transparencia planteadas por mi departamento, entre ellas la de hacer más transparentes las negociaciones …De ahí que, recientemente, pidiera a la comisión que se publicasen en Internet todas las reuniones que su personal mantenga con los grupos de presión … Confío en que el Registro de la Transparencia –actualmente una lista voluntaria de los grupos de presión- adquiera carácter obligatorio, y se extienda al Consejo de Ministros de UE. Mostrar a los ciudadanos todos los pasos que dan los legisladores para elaborar las leyes fortalecerá la confianza en la Unión Europea. Tiene mucho sentido desde un punto de vista legislativo. Y tiene sentido para la UE».

Es una actividad inherente a cualquier democracia, ya que los que toman las decisiones tienen que conocer también sus consecuencias, aunque, se trata, según algunos, de un proceso pseudodemocrático que, en pro de la competitividad, corre el riesgo de marginar en política, consideraciones sociales y ecológicas y que, por ahora, en la mayoría de los países tiene escasa regulación. El proceso de toma de decisiones, influido por los muy bien remunerados y capacitados lobbystas, puede sesgar la interpretación de los políticos, acerca de los asuntos y realidades, que son motivo de transformación a través de las disposiciones normativas. O en el peor de los casos, sucumbir a otro tipo de presiones aún menos recomendables. La complejidad de la labor legislativa, cada vez más técnica, hace necesario, en determinadas ocasiones, recurrir a expertos proporcionados muchas veces por los propios grupos de interés o presión, lo que hace, si cabe, más sospechosa y opaca la labor política.

No obstante, no necesariamente debe entenderse el proceso de manera negativa, en algunos casos estos grupos ofrecen una información complementaria a los políticos, que los pueden reconducir hacia la toma de decisiones más acertadamente. Un ejemplo de ello es el equipo Mares Prístinos, que liderado por el Explorador Residente Enric Sala, ha investigado diez enclaves remotos y utilizado los hallazgos para influir en la toma de decisiones políticas. Colaborando con Gobiernos, fundaciones y grupos conservacionistas, ha contribuido a proteger más de 385.000 kilómetros cuadrados de océano, como son el Monumento Nacional Marino de las Islas Remotas del Pacífico (Estados Unidos), el Área Marina de Manejo de Montes Submarinos (Costa Rica) y el Parque Marino Motu Motiro Hiva (Chile). En la actualidad, el equipo se propone explorar los últimos lugares vírgenes de los océanos -aunque su número se va reduciendo a medida que las flotas pesqueras de altura extienden su radio de acción- para, como en las Espóradas Ecuatoriales del Sur, en la nación insular de Kiribati, se acaben declarando zona de exclusión pesquera (National Geographic, septiembre de 2014).

Carmen Mateo, socia fundadora y presidenta de Cariotipo MH5, consultora de comunicación, relaciones institucionales y lobby, afirma en un entrevista publicada en ABC Empresas el 8 de julio de 2014 que «hace quince años, trabajar en un grupo de presión se basaba en tener contactos y acceso a políticos: eso era todo. Ahora solo es una parte. Hoy se diseñan estrategias sofisticadas y es un área en el que cada vez hay más competencia… Lo normal es quedar en reuniones concertadas. Lo de ir a un cóctel para asaltar a un político es algo poco profesional, aunque todos lo hayamos hecho alguna vez. Yo incluso llegue a coger un avión para sentarme al lado de alguien que iba dentro y hablar con él. Pero el 90% de las veces no es así ni mucho menos… No hay muchos países que hayan decidido dar el paso y regular el lobby. El gran problema que se puede plantear es que la ley intente perseguir las actividades del lobby y no aporte un marco adecuado para que se desarrolle…El lobby contribuye a una mejor democracia. Su regulación y desarrollo beneficia a todos: oenegés, asociaciones cívicas… es un brazo más de la sociedad civil. Sin el lobby, solo pueden llegar a los políticos los que los conocen… Creo en la normalización del sector, que sea una industria más que el político entienda. Lo importante es que España no copie a ningún país sino que aplique un modelo propio».

En general, la mayoría de los lobbystas profesionales son partidarios de la regulación del sector, defienden un registro obligatorio, un control estricto sobre los grupos de interés y que se hagan públicas las reuniones que tienen con los políticos, todo ello, en consonancia con sus principios está recogido en la página web de APRI (Asociación Profesional de Relaciones Institucionales). Este planteamiento es coincidente con lo defendido por la UE y la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo). Casi la mitad de los políticos denuncian la falta de transparencia y, casi todos están de acuerdo en su escasa regulación, siendo muchos los que creen conveniente realizar un registro. Todo ello, según un estudio realizado por Burson-Marsteller y Cariotipo MH5.

Estos y otros motivos hacen que en España el Congreso de los Diputados esté tramitando una Ley para regular los lobbys, no obstante, la norma va muy por detrás de la realidad, ya que en la actualidad los más destacados grupos de influencia mueven una cifra superior a los 30 millones de euros. El pasado mes de marzo de 2015 el Congreso aprobó que el funcionamiento de los lobbys se regulara dentro de la reforma del Reglamento de la Cámara Baja, en el capítulo de Regeneración democrática, al ser así no se prevé que se realice un registro de los lobbys que tratan con otros organismos políticos como los parlamentos autonómicos o los ministros. Según Maribel Núñez y Guillermo Ginés en un artículo publicado por ABC Empresa el 20 de marzo de 2016, con escaso resultado: «Ante la falta de legislación nacional, distintas comunidades han tomado la iniciativa mediante los registros de voluntarios, una medida que pretende hacer más transparente la actividad de este colectivo. Cataluña fue la primera en llevar a cabo esta propuesta en julio del año pasado, mientras que otras como Madrid, Castilla-La Mancha o Aragón también han planteado esta medida. El resultado, sin embargo, es cuestionable. El registro de Cataluña no supera los diez miembros y continúa omitiendo datos relevantes sobre estas compañías.

La última medida de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) pretende revertir esta situación. La institución acaba de poner en marcha un registro voluntario a nivel nacional, para que todos los ciudadanos conozcan exactamente qué tipo de relación tienen los grupos de presión con Competencia. El registro establece cinco categorías de lobbies y cuenta con unas reglas específicas de obligado cumplimiento.

Para apuntarse en este listado, las organizaciones deben cumplir con un código ético basado en diez puntos. En él se incluyen aspectos como “actuar de forma transparente”, “aceptar que parte de la información que proporcionen la CNMV se haga pública”, “no incitar, por ningún medio, a los empleados públicos de Competencia a infringir la ley o las reglas de comportamiento establecidas en los códigos de conducta” o “no hacer uso abusivo del alta para darse publicidad, ni dar a entender que el hecho de figurar en el registro les confiere una situación o privilegio especial”.

Fuentes de la CNMV explican a ABC que el registro es voluntario porque “no hay una legislación” respecto a los grupos de presión, aunque aseguran que en el futuro se modificará para que sea obligatorio. La institución presidida por Marín Quemada interpreta que el mercado español está “suficientemente maduro” para tomar esta medida y espera que no tenga el mismo resultado que el que ha puesto en marcha comunidades como Cataluña. Competencia se ha puesto en contacto con empresas y organizaciones y ha recibido más de un centenar de solicitudes de ingreso en solo una semana.

La institución busca dar “un paso más” hacia la normalización de los lobbies en España. Más allá de la opinión que tenga la población sobre los grupos de presión, lo cierto es que estos tienen un papel activo en la sociedad. Un buen número de empresas ya cuentan con expertos jurídicos o regulatorios destinados a defender los intereses de la compañía (y del sector en cuestión) en sus encuentros con representantes públicos. Existe incluso una organización que agrupa a lobbystas profesionales, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que opera en España desde 2007. Esteban Egea, secretario de APRI, opina que España ha logrado un avance en su forma de hacer lobby en los últimos años, pasando de un “capitalismo de amiguetes” a unos métodos más profesionalizados. “Hace unos años estos asuntos se resolvían concretando una cena con el político de turno. Ahora existen departamentos específicos dentro de las grandes compañías para llevar a cabo esta tarea”, afirma Egea. Ahora bien, la transformación todavía no se ha completado. Según APRI, muchas compañías todavía mantienen el clientelismo, que se ve beneficiado por las puertas giratorias y se utiliza como “resorte de emergencia” si todo lo demás falla.

APRI considera que ha sido esta falta de transparencia la que ha generado dudas en torno a estas prácticas. “En muchas ocasiones se confunden los términos. Se llama lobby a lo que no lo es. El tráfico de influencias no es hacer lobby y los comisionistas no son lobbystas, son delincuentes”, sostiene Egea. La posible regulación de lobby vuelve a estar a debate en España, un país donde la corrupción supone el segundo mayor problema para sus ciudadanos. Hace unos años había cierta voluntad política; en las últimas elecciones todos los programas electorales contaban con propuestas sobre los grupos de presión. Competencia ha dado el primer paso con un registro en el que pretende recoger a todos los lobbys españoles en aproximadamente dos años. Un plazo mínimo para una actividad que lleva siglos en la sobra».

En la UE hay un registro voluntario (no obligatorio pero recomendable para solicitar reuniones con altos funcionarios) con más de 6.000 lobbies inscritos en el llamado Registro de Transparencia. Además, desde 2014 hay que hacer públicas las reuniones realizadas por los comisarios y directores generales. En 2015 se introdujeron cambios en las declaraciones de recursos humanos adscritos al ejercicio de actividades de presión, en la actualidad se pretende que el registro sea obligatorio en todas las instituciones europeas.

A nivel internacional, existen unos 15 países con regulación legal, siendo EEUU el primero que inició el proceso. En la actualidad cuenta con más de 12.000 lobbistas los cuales, deben presentar sus cuentas, publicar sus reuniones con políticos y lo que cobran. En EEUU, puede conocerse qué empresas han participado en la elaboración de una ley, en qué reuniones se ha tratado y quién ha participado. En el mismo medio antes citado, Javier Ansorena ilustra la situación americana en una artículo titulado La pujante industria de la avenida K: «Dos candidatos a convertirse en presidente de EEUU no han parado de renegar de los “grupos de intereses especiales” en las primarias alocadas de los partidos demócratas y republicano. Uno es un autodenominado socialista -anatema en EEUU- que quiere limpiar la política del poder del dinero (Bernie Sanders) y otro es multimillonario (Donald Trump) con suficiente billete como para no requerir de ellos para financiar sus campañas.

Ni Trump ni Sanders quieren que las empresas, las asociaciones profesionales o cualquier otro grupo de interés meta sus narices en política a través del dinero. Pero lo cierto es que en EEUU presionar e influir a los representantes democráticos es la norma. La ley contempla y regula los lobbys, el vínculo entre esos intereses y las decisiones legislativas. A pesar de los esfuerzos por limitar su impacto y mejorar su transparencia, cada vez tienen más fuerza. En EEUU, los hay a todos los niveles –locales, estatales y federales-, pero los más decisivos están en Washington, en la célebre avenida K, desde donde buscan acceso a los legisladores del Congreso.

Apenas existen antes de los años 70, cuando se creía que lo más favorable para los intereses de una compañía era no tener relaciones con el Gobierno. Pero con la intensa agenda reguladora de los años 60, la opinión de la comunidad empresarial cambió: había que estar presente en las decisiones políticas. El año clave fue 1972, con la creación de la Business Roundtable, una organización formada por consejeros delegados de algunas de las principales compañías del país (el año pasado, Business Roundtable seguía en el “top ten” de quienes más gastan en lobbys). Desde entonces, los lobbys no han parado de crecer. Según los Datos del Center for Responsive Politics, en 1998, el gasto en lobbys era de 1.450 millones de dólares, mientras que el año pasado ya llegó a 3.210 millones. Esta cifra es muy superior a los 2.000 millones de dólares presupuestados para las actividades del Congreso, repartidos entre la Cámara de Representantes (1.180 millones) y el Senado (860 millones). Los lobbys se gastan en asesores y en informes mucho más de lo que pueden hacerlo los representantes de los ciudadanos, que muchas veces ven cómo los estudios más detallados y mejor iniciativa sobre un sector objeto de regulación provienen de agentes externos.

Los lobbys solo trabajan para grandes compañías, también lo hacen para sindicatos y organizaciones sociales, pero su impacto es muy distinto: por cada dólar que estos invierten en lobby, la América corporativa invierte 34. De las cien entidades que más dinero ponen para hacer lobby, 95 representan intereses corporativos. Algunos sectores industriales son más activos que otros. Por ejemplo, el lobby de la industria farmacéutica es el que más ha gastado desde 1998, con un total de 3.264 millones de dólares, seguido del sector asegurador y el de la energía eléctrica.

Esta influencia y presión sobre los legisladores sería algo impensable en otros sistemas políticos, pero aquí lo protege la Primera Enmienda a la Constitución, la misma que establece la libertad de expresión y que también da cobertura, según la interpretación del Tribunal Supremo, a que las compañías financien candidatos electorales sin límite de dinero. Eso sí, las leyes delimitan quién puede ejercer el lobby –se exige registro- y en qué condiciones. En los últimos años, se ha endurecido la regulación para contener los casos de “puertas giratorias” entre quienes deciden sobre sectores industriales (o sus equipos) y quienes presionan para que esas decisiones vayan en su favor. Los números muestran que, en este sentido, queda mucho por hacer: entre 2013 y 2014, el 50% de los legisladores que dejaron el Congreso acabaron encontrando trabajo en una firma de “lobby”, mientras que el 16,7% lo hizo en un cliente de una firma de lobby. Un estudio de 2011 mostraba que cerca de 5.400 asistentes o miembros de las oficinas de los legisladores han acabado también en el “lobby”, con un sueldo muy superior al de la función pública. Para muchos de ellos –legisladores y asistentes- es el momento de hacer caja después de haber servido a los intereses de todos».

Las reuniones entre lobbys y políticos se producen y, en muchas leyes hay apartados que se incluyen a propuesta de empresas u otro tipo de organizaciones. Los lobbys siempre han existido, aunque actualmente tienden a la profesionalización, hoy más que nunca deben ser regulados y supervisados, siendo los propios lobbystas los más interesados en ello.

El lobbysmo, por tanto, un fenómeno muy extendido que obviamente influye en las políticas de distintos niveles administrativos, demuestra que no solo las presiones sociales ejercidas por un determinado sector de la población con intereses comunes tienen eco en las decisiones políticas. Esto lleva a pensar que cuando las normativas tienen que regular intereses enfrentados, pueden ser estos grupos de presión, comandados por los sectores afectados, los que al final consigan redirigir los textos legales. Queda, por tanto, explicitado, creo que suficientemente, a través de la información contenida aquí, la importancia para las empresas y otro tipo de organismos de disponer de lobbystas que redirijan las políticas que afectan a cada uno de los sectores. Si es posible de forma diáfana. Los sectores que omitan este aspecto en sus estrategias corren el riesgo de ser marginados o perjudicados por decisiones en las que ha pesado más la capacidad de presión de grupos económicamente opuestos o por la no disponibilidad por parte de los políticos de informaciones necesarias para tomar la decisión o decisiones correctas. Creo que aunque pueda considerarse excesivo este texto sobre el lobbysmo, he pretendido realizar un informe lo más exhaustivo posible, para que se comprendan bien las posibilidades de esta práctica ancestral. Ignorarla resta posibilidades, y repudiarla sin más, es negar la realidad. La sociedad en sí, está constituida por grupos de presión más o menos estructurados, pero al fin y al cabo, grupos con distintos intereses que realizan una presión socio-política más o menos organizada.

Desde esta lógica, un sector como el del aceite de oliva y las aceitunas de mesa, escasamente compactado y representado por miles de empresas, a veces muy pequeñas, que no caminan en la misma dirección y no poseen una voz única que los represente, pueda verse perjudicado en asuntos que le afectan directamente, sobre todo si están en juego los intereses contrapuestos de otras entidades. Una vez más, la disgregación empresarial característica del sector afecta negativamente a sus intereses, tal y como se plantea en muchos de los asuntos tratados en esta página web.